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Importantes puntualizaciones referentes a los planteamientos y anuncios en materia laboral que formuló la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en su cuenta al país del 21 de mayo recién pasado, han comenzado a conocerse con el transcurso de los días.

Ante el Congreso Pleno, la Mandataria instó a los empleadores a mantener un clima de respeto laboral; "un llamado a la conciencia ética de la nación", lo calificó. Al respecto, sostuvo que "el trabajador no es un número más dentro de una empresa; es un ser humano que merece pleno reconocimiento en sus derechos y su dignidad", afirmando que "una sociedad justa no se hace sólo con leyes, se hace con el compromiso de todos".

En materias específicas, anunció el envío al Parlamento de un proyecto de ley para perfeccionar el seguro de cesantía; la implementación de mayores tribunales del Trabajo junto a la creación de un defensor laboral, y diversas medidas que buscan impulsar los procesos de negociación colectiva, para hacer de ella un instrumento más eficiente y masivo. "No toleraremos ningún tipo de prácticas antisindicales; seremos rigurosos para sancionarlas", dijo la Presidenta Bachelet.

En este último tema, el ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, afirmó -en declaraciones de prensa- que se legislará para ampliar la cobertura. La aspiración del Gobierno es que "sean más los trabajadores que puedan negociar", manifestó.

Aclarando sus dichos, dijo que se ha abusado en la separación de ciertas empresas "para constituir empresas chicas que son, finalmente, todas de la misma, y que por la vía del RUT son distintas. Esto provoca que se atomizan los trabajadores y están imposibilitados de negociar, aunque todas corresponden al mismo empleador".

Para concretar esta iniciativa se implementarán dos mesas de trabajo -que podrían estar en funciones a partir de junio próximo-, con presencia de todos los actores involucrados en el tema, de las cuales deberían salir los antecedentes fundamentales de los proyectos de ley. Estas dos mesas están diferenciadas en una para el sector privado y la otra para el público, estamento que, en opinión del Gobierno, debería tener pleno acceso a la negociación colectiva.

En cuanto al seguro de cesantía, se pretende ampliar la cobertura. Actualmente, sólo tienen acceso a él los trabajadores con contrato indefinido, pero no aquellos que se emplean por obra o faena, que son, justamente, los que deben sufrir mayores tiempos de cesantía.

En el mismo tema, los anuncios presidenciales apuntan a mejorar los tiempos y montos del seguro; mejorar la inversión del monto solidario; otorgar beneficios de capacitación; establecer una bonificación de locomoción para aquellos trabajadores que deben salir a buscar trabajo, y mejorar las prestaciones de salud y previsión.