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En las regiones de Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso y Los Ríos se inicia el lunes próximo -3 de noviembre- la segunda etapa de la Reforma Procesal Laboral, lo que implica un nuevo desafío para los actores del nuevo sistema, en especial para la Dirección del Trabajo, que juega un rol fundamental en la solución administrativa de los conflictos laborales por despidos reclamados a través de las instancias de conciliación.

Al respecto, la Directora Nacional del Trabajo, Patricia Silva Meléndez, recordó que la institución constituye una instancia obligatoria en el juicio monitorio y en los juicios ordinarios, cuya cuantía alcanza hasta 10 ingresos mínimos mensuales, el que a la fecha equivale a 159 mil pesos. En 2007 La Dirección del Trabajo efectuó 94 mil comparendos y hasta septiembre de 2008 se cuantificaban 70.500, con un incremento proyectado de 18% respecto del año anterior.

Refiriéndose a las regiones en las cuales ya está en vigencia la nueva justicia laboral -Copiapó y Magallanes-, Patricia Silva destacó que, "durante los seis primeros meses de vigencia, el 68% de los casos ingresados y resueltos han culminado en acuerdo completo. De esta manera la Dirección del Trabajo contiene la judicialización de los conflictos".

La reforma procesal laboral apunta a que exista justicia real y un equilibrio entre las partes en controversia (trabajador y empleador), y además permita la vigencia efectiva de los derechos laborales, lo que beneficiará a unos siete millones de trabajadores y trabajadoras.

Entre sus objetivos principales se puede mencionar la agilización de los juicios laborales; brindar tutela judicial efectiva a los derechos de los trabajadores y trabajadoras; aumentar la especialización de los tribunales, y facilitar el cobro de créditos laborales y previsionales.

Asimismo, establece un procedimiento oral, público y transparente. De acuerdo al flujo judicial observado, desde el inicio de la demanda, pasando por la audiencia preparatoria y la audiencia de juicio, hasta la sentencia, el caso debiera estar resuelto en un plazo aproximado de 30 días.

La justicia laboral que ahora comienza en otras cuatro regiones más del país, también otorga defensa profesional especializada y exclusiva a los trabajadores de bajos ingresos; agiliza la resolución de conflictos y mejora el acceso a la justicia, al crear más jueces especializados; y se crea un procedimiento especial para aquellos casos en que se lesionan los derechos fundamentales del trabajador y situaciones en las que se realizan actos discriminatorios en la relación laboral. Este mismo procedimiento se usa para conocer y resolver prácticas desleales o antisindicales e infracciones por prácticas desleales en una negociación colectiva.

En cuanto a sus procedimientos, el sistema contempla uno llamado monitorio, el que debe utilizarse por reclamos o demandas de menor cuantía, iguales o menores a diez ingresos mínimos mensuales. Este debe ser breve, iniciado a través de la Inspección del Trabajo o el tribunal, en una sola audiencia, y con una demora máxima de 15 días. Por sus características, aquí cabe, por ejemplo, el fuero maternal.