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Una Comisión Mixta de senadores y diputados deberá resolver las discrepancias surgidas entre ambas cámaras sobre el proyecto, en tercer trámite, que modifica el Código del Trabajo en lo relativo a la admisión al empleo de menores de edad y el cumplimiento de la obligación escolar.

El Senado respaldó, en forma unánime, el informe de la Comisión de Trabajo, que preside el senador Juan Pablo Letelier y que rechazó las modificaciones que le hizo la Cámara de Diputados al proyecto ya que "se alejan de los objetivos perseguidos por la iniciativa, y que son: adecuar las normas del Código del Trabajo a la reforma constitucional relativa a la obligatoriedad de la educación media, reconociendo a los menores entre 15 y 18 años, la posibilidad de realizar trabajos compatibles con la escolaridad".

La iniciativa, que se originó en una moción parlamentaria del ex senador José Ruiz Di Giorgio, tiene como objetivo que los niños mayores de 15 años y menores de 18 que trabajen, tengan que certificar que se encuentran en el sistema educacional.

Sin embargo, la Cámara Baja aprobó dicha exigencia del cumplimiento escolar sólo para aquellos menores que celebren contratos de trabajo entre los 15 y 16 años. Mientras que, los menores entre los 16 y 18 años quedarían fuera de esta obligación lo que pondría en serio riesgo su continuidad en el sistema educacional.

Por ello, la Comisión de Trabajo rechazó las modificaciones que le introdujo la Cámara al proyecto, porque eliminó el criterio de que los niños deben permanecer en el sistema educacional, lo que a juicio de la instancia especializada desvirtuó el espíritu de la iniciativa.

Para los senadores "la educación de los niños y jóvenes chilenos es un objetivo prioritario y, considerando que no se puede ignorar la realidad de muchos menores deben necesariamente trabajar, es imperioso contar con un estatuto legal que regule esta actividad laboral y que, a la vez, les permita completar su educación tanto básica como media".

Sin embargo, existen otras materias que esta iniciativa no aborda y que deberían ser incorporadas durante el debate, a fin de proporcionar una respuesta integral, como por ejemplo: la jornada de trabajo de 8 horas que no sería armonizable con la actual exigencia constitucional de escolaridad y la necesidad de dictar un reglamento que defina las actividades ligeras, compatibles con sus estudios, no peligrosas para su salud y desarrollo.