24/03/2010
Visitas a empresas que han exonerado a sus trabajadores aplicando esta causal están realizando fiscalizadores en esa Región, informando adecuadamente sobre los pasos a seguir para entablar reclamos por esta situación.
Un total de 516 cartas-aviso de término de contrato invocando el artículo 159 número 6 del Código del Trabajo, ha recibido -hasta el lunes 22 de marzo- la Dirección Regional del Trabajo del Maule.
A raíz de lo anterior se inició una rigurosa fiscalización de cada caso, comenzando con empresas cuyo número de trabajadores despedidos es superior a diez, lo que no significa que aquellas de menor dotación no vayan a ser también investigadas.
Los fiscalizadores de la Dirección del Trabajo (DT) están corroborando el funcionamiento o no de la empresa, el estado previsional de sus trabajadores y las condiciones de seguridad e higiene existentes. El objetivo de estas visitas es informar adecuadamente a los trabajadores y trabajadoras de sus derechos, en especial los requisitos que deben cumplir para entablar un reclamo por la causal de término de contrato, ya sea por la vía administrativa o judicial, dejando en claro que dichas causales son de competencia exclusiva de los Tribunales.
Al respecto, el Director Regional del Trabajo del Maule, Joaquín Torres, precisó que "una empresa que está en la zona de catástrofe no tiene derecho a utilizar el caso fortuito por el solo hecho de estar ubicada en dicho lugar."
Torres recordó también que la Oficina Comunal del Trabajo con asiento en Constitución quedó en el suelo (como se aprecia en la fotografía), por lo que está siendo asistida con base en la Comuna de San Javier. Diariamente, los funcionarios y funcionarias se trasladan hasta el sector costero para cumplir sus funciones.
Desde los primeros días posteriores al terremoto, tanto empleadores como trabajadores han llegado masivamente hasta las dependencias de la DT a fin de dejar constancias, firmas de finiquito y renuncias. En la actualidad, este Servicio cuenta con siete Oficinas (cuatro provinciales y las comunales de Molina, San Javier y Parral) para la atención de usuarios. Estos inmuebles fueron evaluados en sus daños por la Unidad de Infraestructura de la Dirección Nacional del Trabajo, dejando las recomendaciones correspondientes y aislando las zonas de riesgos.
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