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El subdirector nacional del Trabajo, Pedro Julio, afirmó que la reforma procesal que comienza a regir en nuestro país el 31 de marzo es la más importante en los últimos 20 años en materia laboral. "No se saca nada con tener un catálogo de derechos si estos no se hacen realidad a través de un tribunal imparcial, rápido y expedito", dijo.

La reforma legal tiene que ver con los procedimientos laborales, en los que habrá instancias más rápidas, y una defensoría gratuita para los trabajadores y trabajadoras. Este es, justamente, el sentido de la nueva norma, ya que la defensa judicial es una garantía consignada en la Constitución Política, y que se enmarca en el principio de igualdad ante la ley y el derecho a un debido proceso. Todo ciudadano que se vea afectado por un pleito de carácter judicial debe contar con un abogado; y si no tiene dinero para pagar uno, es un deber del Estado proporcionárselo.

Partiendo de estos principios, la reforma consiste, en lo fundamental, en la defensa del trabajador. Contempla tres procedimientos: uno general, donde el sujeto activo son los trabajadores y trabajadoras; uno monitorio, en que también el énfasis está puesto en los trabajadores, y se agrega un procedimiento de tutela de derechos fundamentales, donde el sujeto es el trabajador y los sindicatos. En este caso, el sindicato también tiene que cumplir con el requisito de no contar con los recursos para contratar abogado.

Una gran mayoría de las causas laborales, cerca del 80%, queda en la inspección. De allí, entonces, la importancia que adquiere la tarea de la Dirección del Trabajo. Uno de los procedimientos, el monitorio, permite que a través de un abogado de la Dirección también se pueda conciliar el conflicto entre trabajadores y empleadores, función para la cual la Institución se ha preparado con la incorporación de abogados especializados.

El subdirector nacional del Trabajo informó que, como Gobierno, se tomaron las medidas pertinentes para que no existan los problemas que se presentaron, por ejemplo, con la implementación de los tribunales de Familia, por lo que se duplicó el número de funcionarios que atenderán los tribunales.

Finalmente, y en esta misma línea, Pedro Julio reiteró que se ha analizado el nuevo escenario a cabalidad, con el fin de adoptar las medidas necesarias para que la nueva justicia sea uno de los procesos más exitosos que se van a dar en Chile.

Por su parte, el jefe del Área de Defensa Laboral del Departamento de Asistencia Jurídica del Ministerio de Justicia, quién estará a cargo de este nuevo procedimiento, Zarko Luksic, sostuvo que "estamos implementando la primera etapa, que contempla la Región de Atacama y la Región de Magallanes, que comienza su marcha el 31 de marzo. Para esto se llamó a concurso y se ha seleccionado a doce defensores, pese a que comenzarán seis sus funciones: cuatro en Atacama y dos en Magallanes. Sin embargo, la idea es tener defensores de reserva para prepararlos en caso de cualquier cosa".

Luksic agregó que "lo principal es que estamos diseñando nuestra estrategia para que los trabajadores sigan yendo a la Dirección del Trabajo y no se produzca una explosión de causas judiciales".

En la implementación de la nueva justicia laboral se han considerado 84 jueces especializados; 400 funcionarios para labores administrativas; 26 Juzgados Laborales; 138 defensores laborales, y 34 consultorios especializados de Defensa Laboral (CAJ). Todo esto culminará el 30 de octubre de 2009, fecha en la que se unirán las últimas regiones a la ejecución de la Reforma, que son la de La Araucanía, de Los Lagos, de Aysén y de Arica y Parinacota.

En una segunda etapa, a partir del 31 de octubre de este año, se sumarán a Atacama y Magallanes las regiones de Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso y Los Ríos.

La tercera etapa comenzará el 30 de abril del 2009, con la incorporación de las regiones de Antofagasta, Libertador Bernardo O'Higgins, del Maule y del Bío Bío.

La prueba de fuego se producirá el 31 de agosto de 2009, cuando se integre a esta reforma la Región Metropolitana.