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Una visita al Centro de Conciliación y Mediación de la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Poniente realizaron el viernes 11 de octubre 14 abogados laboralistas integrantes del llamado Grupo de Panamá que sesionaron en Chile durante cinco días en la reunión de trabajo anual de este organismo.

La Escuela Interamericana de Diálogo Social, Tripartismo y Resolución de Conflictos de Panamá (EI-DiSTReC) reúne cada año de manera presencial a representantes de Argentina, Perú, Uruguay, Brasil, Colombia, Venezuela, Costa Rica, México, España, Portugal, Italia, Francia y Chile, junto a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Gestora de la visita al centro conciliador y mediador de la DT fue la ministra de la Corte Suprema y del Tribunal Calificador de Elecciones y profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, María Cristina Gajardo, representante de nuestro país ante el órgano internacional.

La delegación internacional fue recibida por el director nacional del Trabajo, Pablo Zenteno; la directora regional Metropolitana Poniente, Carolina Campos, y la jefa del centro conciliador y mediador, Gabriela González.

Durante su visita los abogados laboralistas recorrieron todas las dependencias y escucharon dos exposiciones sobre la estructura, rol y función de la DT y el modelo de mediación laboral chileno a cargo de la subjefa del Departamento de Relaciones Laborales, Claire Letelier, y la directora regional Carolina Campos.

Acción mediadora de la DT

La Dirección del Trabajo cumple su tarea de solución alternativa de conflictos esencialmente en sus seis centros de conciliación y mediación instalados en Valparaíso, Concepción, Temuco, Punta Arenas y Santiago (2).

Durante el año 2023 la DT realizó 2.630 mediaciones laborales, con un aumento del 22% respecto de 2022. De este total, 980 mediaciones correspondieron a causas por derechos fundamentales.

En cuanto a las conciliaciones, el año pasado se realizaron 166.240 comparendos para resolver reclamos de 168.755 trabajadores y trabajadoras que se negaban a firmar sus finiquitos por estimar que subsistían deudas de diversa índole en su perjuicio.

Al cabo de las reuniones con sus empleadores o sus representantes legales, estos trabajadores y trabajadoras recuperaron directamente para ellos un total de 94 mil millones de pesos.