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A dos meses de su entrada en vigencia, el 1 de agosto pasado, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, realizó el lunes 30 de septiembre un primer balance dela ley N° 21.643, que modifica el Código del Trabajo en la prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, más conocida como Ley Karin.

La autoridad estuvo acompañada por el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, el director nacional del Trabajo, Pablo Zenteno, y la superintendenta de Seguridad Social, Pamela Gana.

La secretaria de Estado valoró la implementación de la normativa en estos dos meses, destacando su foco preventivo: "Hoy día, estamos aquí para entregar un primer balance de la implementación de la Ley Karin, que busca prevenir el acoso sexual, el acoso laboral y la violencia en el mundo del trabajo. Y ahí está su corazón, en la prevención de dichas conductas y en la generación de espacios saludables, de bienestar, espacios laborales en los cuales existe una cultura de respeto mutuo y relaciones que sean adecuadas y respetuosas en el marco, además, de la ratificación que Chile hizo del Convenio 190 de la OIT", dijo.

"Para nosotros es muy importante recalcar que el foco de la ley no está en lo sancionatorio", añadió la secretaria de Estado.

El subsecretario Reyes señaló que "nuestro compromiso es seguir fortaleciendo el conocimiento entre empleadores, trabajadores y trabajadoras sobre los alcances de esta ley, y los procedimientos que deben implementar para prevenir y sancionar el acoso y la violencia en los espacios laborales. Es fundamental que todos comprendan que no basta con reaccionar ante las denuncias, debemos poner énfasis en la prevención", dijo.

El subsecretario destacó, además, el desarrollo de la Guía Práctica para la Prevención y control de la Violencia y Acoso en los lugares de Trabajo, y del sitio web www.leykarinparachile.cl que aloja los instrumentos legales para la implementación de la normativa en los espacios de trabajo.

El director del Trabajo, Pablo Zenteno, indicó que "estamos muy interesados en una buena aplicación de la Ley y esperamos, como siempre, estar a la altura del resguardo de los derechos fundamentales de las y los trabajadores. Pero, de todas maneras, quiero poner énfasis en la responsabilidad compartida que hay también en el ámbito de las investigaciones. Nosotros somos partícipes de los procesos de investigación, pero la principal responsabilidad en torno a la atención, al cumplimiento y la adopción de los protocolos es de los empleadores".

En tanto, la superintendenta de Seguridad Social, Pamela Gana, indicó que "lo principal de esta

ley es su foco preventivo por lo que llamamos a los empleadores a hacer una oportuna y correcta identificación de peligros, gestionarlos y diseñar medidas apropiadas al agente de riesgo identificado. Estas acciones preventivas, en este caso, también incluyen contar con el Protocolo de Prevención del Acoso Laboral, Sexual y Violencia en el Trabajo y difundirlo de manera semestral".

Los datos entregados en el balance corresponden a un esfuerzo extraordinario que ha realizado tanto el Ministerio como sus servicios vinculados a la implementación de la Ley Karin (Subprev, DT, Suseso) y el Servicio Civil. Esto, porque según el Reglamento que publicó el Ministerio del Trabajo, dentro de la primera semana de 2025 la Dirección del Trabajo deberá reportar información estadística del período comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2024. Con posterioridad a este período, se realizará un reporte semestral.

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Prevención

En efecto, en lo preventivo cabe destacar, al cierre de agosto, es decir, al primer mes del inicio de la implementación de la ley, se realizaron 1.852 atenciones bajo el programa de Atención Psicológica Temprana (APT) que considera la normativa. Este se otorga a las y los trabajadores que hayan sufrido acciones de acoso laboral, acoso sexual o de violencia en el trabajo. El empleador tiene la obligación de ofrecer APT a los trabajadores cuando hayan sufrido acciones asociadas a las causales mencionadas previamente.

En esa línea, el 80,6% de las atenciones de ese mes fueron por acoso laboral; 13,2% por violencia en el trabajo; y 6,2% por acoso sexual. Un 73,3% de las ATP corresponde a mujeres.

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Denuncias

Entre el 1 y el 31 de agosto, 4.820 denuncias fueron calificadas bajo la normativa de la Ley Karin. De esta, 3.844 corresponden al sector privado y 976 al sector público.

De las 3.844 denuncias circunscritas al sector privado, 2.928 (76%), se ubican en etapa de análisis jurídico, mientras que las restantes 906 están en trámite de fiscalización. De las 906 que están en fase de fiscalización, 795 (87,8%) son por acoso laboral; 64 (7%) por acoso sexual; y 47 (5,2%) por violencia en el trabajo.

En el sector público, de las 976 denuncias de agosto, 717 (73,4%) corresponden a acoso laboral; 202 (20,6%) a violencia en el trabajo; y 57 (5,8%) a abuso sexual.

Entre los principales hallazgos, se encuentra que las mujeres son las que más denuncian. Mientras que en el sector privado un 68% de las denuncias son efectuadas por mujeres, en el sector público la cifra alcanza un 77%.

En la Región Metropolitana se concentra la mayor cantidad de denuncias en el sector privado, con un 29%. Le siguen Valparaíso (9,9%) y O'Higgins (6,7%). Mientras, en el sector público lideran la Región Metropolitana, con 34,6%, y le siguen Valparaíso (13,3%) y Los Lagos (10,8%).

Respecto a los sectores productivos donde se presentan más denuncias, el sector comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas encabeza la lista, con 19,6%. Le siguen actividades de servicios administrativos y de apoyo (12,3%); y Enseñanza (10%).

Por otra parte, y a modo de avance, en el período que va entre el 1 y 15 de septiembre, el sector privado recibió 1.557 denuncias que en enmarcan en la Ley.

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Capacitación y difusión

Por otro lado, la ministra informó que se han realizado 102.268 actividades de asistencia técnica (elaboración de protocolos), capacitación y difusión por parte de las mutualidades, abarcado a 98.889 entidades empleadoras.

Del mismo modo, el Ministerio del Trabajo, la Subsecretaría de Previsión Social, la Dirección del Trabajo y la Superintendencia de Seguridad Social realizaron 726 actividades de capacitación para más de 50.700 personas en el país.

En ese sentido, 28.859 funcionarios y funcionarias del Estado se han capacitado en los dos cursos del Servicio Civil entre 2023 y 2024, que buscan erradicar la violencia y el acoso en los espacios laborales. En el ámbito de la salud, 18.976 personas se han capacitado en estos cursos.

A ello se agregan 3.806 trabajadores del Estado que participaron de webinars y jornadas de capacitación para directivos y funcionarios públicos sobre los alcances e impacto de la ley realizadas por el Servicio Civil.