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Un total de 127 fiscalizaciones a los principales rubros productivos de la región para proteger a sus trabajadores del contagio por coronavirus realizará la Dirección del Trabajo del Biobío.

El director regional del organismo, Rodrigo Reyes, explicó que las primeras fiscalizaciones se ejecutaron en abril, pero que el grueso de ellas se extenderá durante mayo y junio en supermercados, retail, comercio, servicios, industria, agricultura y construcción.

Reyes dijo que "la Dirección del Trabajo está preocupada de fiscalizar en terreno la aplicación de los protocolos de prevención respecto al COVID-19; es por ello que activamos un programa regional a través del cual lograremos verificar el cumplimiento de la normativa en diferentes rubros", añadiendo que "ya hemos fiscalizado algunos supermercados y tiendas del retail, así como aserraderos, vertederos, recolección de desechos domiciliarios".

En algunas visitas inspectivas ya realizadas ha participado la seremi del Trabajo y Previsión Social, Sintia Leyton, quien considera que "hay una obligación ineludible por parte de los empleadores de proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, por eso es importante la realización de estas fiscalizaciones en forma proactiva, para verificar que las empresas cumplan con la legislación laboral vigente y, sobre todo en esta contingencia del virus Covid-19, velar por el cumplimiento de las exigencias en el desarrollo de las distintas funciones".

Programa inspectivo

Las fiscalizaciones que abarcarán a todas las provincias del Biobío están centradas en las disposiciones impuestas por la autoridad sanitaria para prevenir el contagio por coronavirus en los centros de trabajo. Asimismo, están respaldadas laboralmente en el artículo 184 del Código del Trabajo, que obliga a los empleadores proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores.

Principalmente se controla la entrega a los trabajadores de elementos de protección personal específicos contra el virus, la información periódica de los riesgos y las conductas de autocuidado, la mantención del distanciamiento social y la sanitización de las instalaciones.

Estas obligaciones son verificadas tanto en las empresas principales, como en aquellas contratistas y subcontratistas que presten servicios en los lugares fiscalizados.

Las multas pueden fluctuar entre las 9 ($453.348) y las 60 ($2.022.320) UTM, dependiendo de las infracciones detectadas, pero también cabe la posibilidad de suspender labores cuando se compruebe un grave riesgo para la vida y salud de los trabajadores.