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El 38,6 por ciento de las negociaciones entre empresas y sindicatos para la fijación de Servicios Mínimos (SS.MM.) culminó con un acuerdo directo entre ambas partes, sin que fuese necesaria la intervención de la Dirección del Trabajo (DT).

Así lo reveló José Francisco Castro, jefe del Departamento Jurídico de la institución, al intervenir en el seminario “Balance de la Reforma Laboral: a seis meses de su implementación”, realizada a mitad de semana en la Universidad Alberto Hurtado.

El encuentro concitó un masivo interés de dirigentes sindicales, abogados laboralistas y estudiantes que repletaron el auditorio del plantel.

Castro expuso en el panel dedicado a la figura legal de los Servicios Mínimos y Equipos de Emergencia incluida en la reforma. Es un mecanismo que debe plantearse antes de la negociación colectiva con miras a la posible conformación de dotaciones de trabajadores que en una eventual huelga legal mantengan restrictivamente activas algunas operaciones de la empresa.

Su exposición fue comentada por las abogadas y académicas Daniela Marzi y Magaly Correa, quienes hicieron un análisis crítico de esta figura y relataron los pronunciamientos judiciales al respecto, respectivamente.

En la primera parte de su exposición Castro recordó que a octubre pasado la DT ha emitido 45 dictámenes sobre las principales aristas de la reforma laboral, 10 de los cuales se han centrado en los Servicios Mínimos y Equipos de Emergencia, lo que demuestra la importancia que ha adquirido en el nuevo escenario legal vigente desde el 1 de abril de este año.

Tras explicar los pronunciamientos más importantes, Castro mostró cifras oficiales hasta el mes pasado para contextualizar su implicancia en el asentamiento de la reforma.

Así, informó que solo el 18,8 por ciento de las empresas que podrían haber requerido los SS.MM. a la Dirección del Trabajo efectivamente lo hicieron. Concretamente, 410 de un total de 2.177.

Luego destacó que hasta octubre 158 empresas y sindicatos habían llegado a un acuerdo directo sobre la utilización de los SS.MM., mientras que otros 23 casos se hallan en trámite. Ambas cifras significan el 38,6 por ciento del total de casos activados.

En contraste, 252 procesos han sido trasladados a la DT para su pronunciamiento, a la vez que 74 están en trámite. Estas dos cifras representan el 61,4 por ciento.

Finalmente, pese a que no está prevista en la ley, 20 resoluciones administrativas de la DT han sido reclamadas judicialmente, es decir, el 4,87 por ciento del total. Se trata, dijo Castro, de 16 reclamaciones propiamente tales y 4 recursos de protección.

Sostenidamente, agregó, estas reclamaciones judiciales han sido rechazadas por los tribunales, declarándose incompetentes para resolver.

Esta incompetencia judicial fue analizada por las abogadas Marzi y Correa, las que abogaron por que en el futuro los tribunales sí puedan pronunciarse en estos casos.