04/09/2017
Durante tres días los profesionales analizaron los principales cambios en las relaciones laborales introducidos por la ley vigente desde el 1° de abril pasado.
Abogados de la línea netamente jurídica de todo el país profundizaron durante tres días sus conocimientos sobre la Ley 20.940 que modificó la negociación colectiva.
Reunidos en Santiago, los 70 profesionales escucharon exposiciones de varios de sus colegas del Departamento Jurídico de la Dirección Nacional del Trabajo y plantearon observaciones que fueron debatidas colectivamente.
En la apertura del encuentro, el director del Trabajo, Christian Melis, felicitó a los asistentes porque, dijo, “como abogados del Servicio podemos estar satisfechos porque hemos respondido a los desafíos planteados por la reforma laboral”.
Melis recordó que el Servicio “se preparó con mucha antelación a la entrada en vigencia de la reforma, preparando a los profesionales, emitiendo dictámenes interpretativos de los aspectos principales de la ley y siendo parte medular de las capacitaciones que han abarcado a 20 mil de nuestros usuarios, principalmente dirigentes sindicales”.
La jornada fue encabezada por el director del Departamento Jurídico, José Francisco Castro, quien expuso sobre los aspectos generales de la jurisprudencia administrativa de la Ley 20.940 y también sobre el piso de negociación.
Junto con él, el abogado Pablo Reyes se refirió a la calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia, a la vez que María Belén Adriasola abordó la suspensión de la negociación colectiva por calificación de servicios mínimos.
Natalia Pozo explicó la vinculación al instrumento colectivo y extensión de beneficios, mientras que Loreto Barrera, subjefa del departamento, expuso respecto de grupos negociadores.
Claudia Araneda se extendió sobre el derecho a la información, a la vez que Carlos Lizama hizo lo propio con el derecho a huelga.
Daniela Allende se refirió a mediación y arbitraje, mientras que la jefa de la Unidad de Defensa Judicial y Derechos Fundamentales, Marta Donaire, se abocó a la jurisprudencia administrativa relacionada con prácticas antisindicales y también a las nuevas instrucciones en materia de derechos fundamentales.
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