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Entre los años 2011 y 2016 el Estado chileno ha detectado 206 víctimas del delito de trata de personas y condenado penalmente a 17 culpables de esta práctica, una de las peores formas de atropello de los derechos humanos que en el mundo afecta a 21 millones de personas.

Siguiendo orientaciones de las Naciones Unidas impartidas el 2010, hace seis años nuestro país promulgó la Ley 20.507 que convirtió en delito el tráfico ilícito de inmigrantes y la explotación laboral y sexual de personas, tal como su utilización para la extracción órganos.

Específicamente, este delito consiste en “captar, trasladar, acoger o recibir a una persona mediante violencia o engaño, para someterla a explotación sexual -incluyendo la prostitución y la pornografía forzada-, trabajos o servicios forzados, servidumbre, esclavitud o prácticas análogas a ésta, o extracción de órganos”.

A partir de la nueva ley, coordinadas por el Ministerio del Interior, distintas instancias públicas y privadas se sumaron a una mesa intersectorial de análisis y diseño de políticas preventivas y operativas, entre las cuales está la Dirección del Trabajo (DT).

Ello, porque su carácter fiscalizador de la ley laboral y su llegada a polos de alta vulnerabilidad l hacen de la DT uno de los organismos colaboradores en la detección de este delito que conlleva penas de entre 5 años y un día de cárcel hasta 15 años y un día, aunque si la víctima es menor de edad se parte de 10 años y un día.  

Así, en el año 2015 la DT emitió la circular N° 46 que establece los criterios de procedimiento en caso de detectarse casos de trata de personas, teniendo los fiscalizadores la obligación de informar al Ministerio Público. A la vez, fiscalizadores de la DT pueden tener que realizar acciones fiscalizadoras en este ámbito a requerimiento de la Fiscalía Nacional.

Como todos los demás funcionarios cuyas instituciones son parte de la mesa de trabajo, los fiscalizadores de la DT cuentan además con la recién elaborada “Guía de actuación para fiscalizaciones intersectoriales en materia de trata de personas” que hizo su estreno este domingo 30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas.

Esta guía recopila cada una de las facultades fiscalizadoras de los integrantes de la Mesa Intersectorial, estableciendo métodos de coordinación entre las diferentes instituciones y los entes investigadores.

Adicionalmente, otorga indicadores para la detección del delito de trata de personas, enfocado especialmente en los funcionarios que realizarán estas fiscalizaciones, lo que tiene por objeto que puedan identificar a las posibles víctimas de trata.

Asimismo, este documento entrega la definición y características del delito; describe las facultades de los diferentes entes fiscalizadores y finaliza con las buenas prácticas que deben estar presentes en toda fiscalización.