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A tan solo 10 días de vigencia, la Ley N°20.940 acapara el interés público por sus efectos inmediatos en las negociaciones colectivas, sobre todo por los variados cambios que la nueva ley introdujo en la relación entre empresas y sindicatos.

Ello ha hecho olvidar temporalmente los objetivos de largo plazo que el Gobierno persigue con la legislación ahora vigente: equilibrar las relaciones laborales, dejando paulatinamente atrás la asimetría que actualmente predomina en ellas.

Internamente, sin embargo, las autoridades del Trabajo han comenzado a elaborar instrumentos de medición que permitan en el mediano y largo plazo hacer una radiografía acabada de los fenómenos que la reforma puede desencadenar.

Tal como lo explicó el subsecretario del Trabajo, Francisco Javier Díaz, tanto el Ministerio del Trabajo y Previsión Social como la Dirección del Trabajo (DT) están diseñando los indicadores que permitirán monitorear tales efectos.

Hasta ahora son una veintena los hitos que serán medidos semestral o anualmente y que en un plazo prudente arrojarán luces sobre los cambios que pueden sobrevenir.

Desde luego, la tasa de sindicalización, la proporción de empresas con sindicatos, la proporción de trabajadores cubiertos por un instrumento colectivo negociado por sindicatos o grupos negociadores o la proporción de negociaciones colectivas que votaron la huelga legal son algunos de los principales indicadores.

Pero también se pretende saber los efectos en fenómenos más novedosos que la ley pretende provocar.

Entre estos últimos figuran la proporción de mujeres en directivas sindicales, la proporción de empresas que acuerdan pactos especiales, la proporción de pactos negociados respecto de trabajadores con responsabilidades familiares o la proporción de instrumentos colectivos con extensión de beneficios.

Asimismo, se cuantificará el número de negociaciones que terminaron acordando el piso de negociación, la cantidad de mediaciones obligatorias realizadas, la duración promedio de las huelgas y la proporción de trabajadores destinados a Servicios Mínimos en relación al total de involucrados en huelgas.

Se trata todas de cuantificaciones analíticas que permitirán a autoridades, gremios de empleadores y dirigencias sindicales, como también al mundo del derecho laboral y la academia, ponderar en un plazo razonable los efectos de la Ley N°20.940.