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Su interés por aportar iniciativas para solucionar la actual congestión de juicios de cobranza previsional, planteó el Subdirector del Trabajo, Rafael Pereira, en una mesa de análisis creada recientemente para tal efecto por el Poder Judicial.

Pereira, junto con el jefe del Departamento de Tecnologías de la información, Roberto Rodríguez; y la jefa de la Unidad de Dictámenes del Departamento Jurídico, Loreto Barrera; participó hoy en una sesión de análisis convocada por el Departamento de Desarrollo Institucional del Poder Judicial, y presidida por el ministro de la Corte Suprema, Ricardo Blanco.

A la cita concurrió una cincuentena de representantes del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Justicia, Superintendencia de Pensiones, Ministerio Público, Administradora de Fondos de Pensiones, Administradora del Fondo de Cesantía, Asociación de AFP y jueces de tribunales de cobranza laboral y previsional, entre otros.

Todos ellos participan en esta instancia que, como lo dijo el ministro Ricardo Blanco, debe ayudar a "resolver los problemas prácticos que impiden que este tipo de causas se tramiten con mayor rapidez".

Al describir la actual situación, el magistrado enumeró la congestión de los tribunales, lentitud de los procedimientos, dilación en las sentencias y demora en su cumplimiento.

Todo ello ha llevado a que hoy existan 1.217.781 causas en estado de inventario, es decir, a la espera de su resolución definitiva.

SOLUCIONES SUPERADAS Y NUEVAS METAS

Para aliviar la carga de los tribunales del trabajo a fines de 2005 comenzaron a funcionar los tribunales de cobranza laboral y judicial que asumieron el 80% de la labor de los primeros.

Junto con otro tipo de medidas, los nuevos tribunales lograron en los primeros años resolver el atascamiento de causas de cobranza no resueltas.

Sin embargo, con el correr del tiempo el problema volvió a resurgir, motivando la reacción del Poder Judicial con la reciente creación de las "Mesas de trabajo para la revisión de mecanismos que permitan acelerar la tramitación de causas en los tribunales con competencia en cobranza laboral y previsional".

Su tarea es crear fórmulas que acaben o reduzcan significativamente el ya citado número de causas en estado de inventario.

La incumbencia de la Dirección del Trabajo en este tema nace de su potestad fiscalizadora del no pago de cotizaciones previsionales.

Para el Subdirector del Trabajo, Rafael Pereira, el desafío de su institución es "cómo repensamos nuestra acción fiscalizadora para garantizar que, en coordinación con otros actores del Estado, a los trabajadores se les paguen sus cotizaciones".

A su juicio, en un primer análisis, la DT puede aportar generando un sistema de información integrado, con "inteligencia de negocios", para filtrar los casos simplemente no informados de los que efectivamente significan el no pago previsional. Es decir, que "aquellos donde no hay deuda previsional no generen demandas ejecutivas que no se justifican porque en realidad lo que ha ocurrido es que simplemente la información no está debidamente registrada e integrada en un sistema único".

Rafael Pereira recordó que la DT ya ha avanzado con una primera experiencia piloto de fiscalización previsional electrónica el año 2014, que permitió primero discernir ambas situaciones y centrarse después en la fiscalización efectiva de aquellos empleadores que no habían cancelado las cotizaciones de sus trabajadores.

En esa oportunidad la DT logró recuperar $1.810.113.818 para 18.717 trabajadores que estaban impagos.