Noticias

Con el ambicioso reto de reducir los accidentes y muertes por causas laborales la Presidenta Michelle Bachelet firmó hoy en La Moneda el decreto de la nueva Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

"Este es un compromiso con los trabajadores y trabajadoras que es parte de la modernización de las relaciones laborales que hemos impulsado bajo mi gestión; nuestra institucionalidad y marco legal tienen ya medio siglo y es urgente ponerlas a tono con las actuales condiciones del trabajo", dijo la Jefa de Estado al fundamentar la suscripción del documento.

En la ceremonia la mandataria fue acompañada por los titulares del Trabajo y Previsión Social, Ximena Rincón; de Salud, Carmen Castillo; de Desarrollo Social, Marcos Barraza y de Hacienda, Rodrigo Valdés.

Entre otras autoridades estuvieron también el director de la Oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina, Fabio Bertranou, y el director del Trabajo, Christian Melis, a cuya institución le cabe un rol principal en el nuevo escenario de protección de la salud y vida de los trabajadores.

La meta propuesta por el Gobierno hacia el año 2020 incluye reducir del actual 3,7% al 3% la tasa de accidentabilidad; del 4,4 al 2,5 por cada 100 mil trabajadores la tasa de mortalidad y del 1,09% al 0,8% la de accidentes de trayecto.

El decreto instaura "la consagración constitucional de la seguridad y salud en el trabajo, como un derecho fundamental específico de los trabajadores y trabajadoras, en el marco de los derechos laborales y de seguridad social universalmente reconocidos".

También propone impulsar "el análisis participativo y de carácter tripartito de las distintas problemáticas de la seguridad y salud en el trabajo, con el objeto de adecuar el marco normativo vigente a los principios, objetivos y compromisos de esta política".

Para todo ello se propondrá la elaboración de una Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, como estatuto especial sobre la prevención de riesgos laborales.

Asimismo, plantea reactivar el debate para modernizar la Lay N°16.744 en cuanto a la eliminación de la diferenciación entre obreros y empleados en el Instituto de Seguridad Laboral y la normativa sobre gobiernos corporativos de las mutuales de seguridad.

También pretende ratificar el Convenio N°155 de la OIT sobre seguridad y salud laboral y otros convenios del organismo internacional que promueven esta temática, con consulta a los actores sociales.

En lo operativo, impone a la autoridad sanitaria intensificar la fiscalización de los protocolos de vigilancia de agentes y factores de riesgo normados por el Ministerio de Salud.

A la vez, la Dirección del Trabajo deberá duplicar en un período de cuatro años las fiscalizaciones que incluyan materias de seguridad y salud laboral, pasando de 25 mil a 50 mil. Para ello, como lo sostuvo el director del organismo, "ya hemos impartido las instrucciones necesarias y comenzado a adoptar los procedimientos que nos permitan conseguir este desafío en pro de la seguridad de los trabajadores chilenos".