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La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, junto a los ministros de Desarrollo Social, Marcos Barraza; del Trabajo y Previsión Social, Ximena Rincón; y Salud, Carmen Castillo, firmó esta mañana la indicación sustitutiva al proyecto de ley que crea un Sistema de Inclusión Laboral para personas en situación de discapacidad.

En Chile el 20% de las personas de 18 años o más (2.606.914), se encuentra en situación de discapacidad. El 11,7% tiene discapacidad leve a moderada y el 8,3% discapacidad severa. Laboralmente, la mayoría está inactiva (57,2%) o desocupada (3,6%), sólo el 39,3% tiene empleo, de los cuales el 73,9% tiene contrato a plazo indefinido, mientras que el 26,1% tiene plazo fijo.

La Presidenta recalcó que "este es un proyecto que abre espacio a la justicia. Con él, estamos introduciendo en las políticas públicas un elemento de equidad para las personas con discapacidad. Estamos reconociendo un derecho y dando oportunidades allí donde hasta ahora sólo ha habido espacio para la marginación, o bien para la mera caridad o buena voluntad".

La iniciativa, crea un sistema de inclusión laboral que obliga a los organismos públicos civiles y militares, y a las grandes empresas privadas, en ambos casos con 200 o más trabajadores, a reservar un número no menor al 1% de la dotación de personal para personas con discapacidad o que reciban pensión de invalidez.

En el sector público la Dirección Nacional del Servicio Civil y el Servicio Nacional de la Discapacidad serán responsables de velar por su cumplimiento. En el sector privado, tal responsabilidad recaerá en la Dirección del Trabajo.

El proyecto también consagra el principio de no discriminación en el Estatuto Administrativo, prohibiendo explícitamente todo acto de discriminación que se traduzca en exclusiones basadas en motivos de discapacidad. Además, se fija en 26 años la edad límite para suscribir contrato de aprendizaje con personas con discapacidad, asimilándola a la edad de término de la educación especial.

Por otra parte, determina el principio de equidad remuneracional, eliminando la posibilidad de que en el contrato de trabajo que se celebre con una persona con discapacidad se pueda estipular una remuneración sin respetar las normas sobre ingreso mínimo. Cabe mencionar que el ingreso mensual promedio de la población adulta con discapacidad es de solo el 32% de la del resto de los trabajadores.

Igualmente, establece la obligación de los Ministerios del Trabajo y Previsión Social y de Desarrollo Social de evaluar esta ley cada 4 años, teniendo en cuenta la naturaleza cambiante del mercado laboral y la necesidad de ir adecuando el sistema de inclusión.

Esta indicación sustitutiva fue elaborada en base a las 11 mociones parlamentarias existentes en tramitación, las que fueron compiladas en un solo documento por la Biblioteca del Congreso Nacional. Además, de un estudio con antecedentes entregados por distintas instituciones públicas y privadas sobre la materia.

La Presidenta subrayó que "con esta iniciativa damos expresión al principio de que el trabajo dignifica, y si hay un ámbito donde la necesidad de dignificar es acuciante es aquí". Agregó que "el Programa Más Capaz tiene estimado capacitar en un oficio y en el desarrollo de habilidades laborales a 20 mil personas en esta situación".

Finalmente, la Mandataria destacó que "estamos orgullosos de plantear que es hora de que la integración deje de ser un acto de generosidad o buena voluntad de unos pocos. Es hora de todos podamos sumarnos en igualdad de condiciones al barco común que somos".