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La secretaria de Estado, informó que el organismo técnico dispuso, desde este fin de semana, equipos especiales de fiscalización para atender denuncias en caso que empleadores infrinjan la normativa vigente, al tiempo que afirmó que continúan con las inspecciones para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores.

Un total de 17 suspensiones de labores ha dictaminado hasta el momento la Dirección del Trabajo en el contexto de la prohibición de funcionamiento en todos aquellos lugares laborales de la Región Metropolitana que carezcan de agua potable debido al frente de mal tiempo que azotó a la zona central del país.

La mayoría de las suspensiones han sido por no contar con agua potable en los lugares de trabajo, a excepción de una suspensión por seguridad para los trabajadores debido a filtraciones que comprometían la red eléctrica, y otra en una bodega en que no estaban las condiciones higiénicas debido a inundaciones.

La titular de Trabajo señaló que espera "se entreguen todas las garantías a los trabajadores considerando la situación por la que atraviesa el país y que prime la responsabilidad y el criterio. Los empleadores en general lo han tenido en otras emergencias así es que yo me imagino ésta no va a ser la excepción".

A su vez, el director del Trabajo, Christian Melis, sostuvo que "los fiscalizadores comenzaron a actuar el mismo sábado último, respondiendo básicamente a denuncias de trabajadores sobre que en sus lugares de trabajo no había agua potable, condición sanitaria mínima para que pudiesen funcionar".

Aquellos empleadores que infrinjan la norma se exponen a multas de 60 UTM, o sea, poco más de 2 millones 700 mil pesos y se procede a la suspensión de las labores en caso de constatar que el lugar no dispone de agua potable.

Desde anteayer sábado la Dirección del Trabajo ha recibido 60 denuncias por su sitio web www.direcciondeltrabajo.cl, call center 600 450 4000 y twitter @DirecDelTrabajo.

En respuesta, se han efectuado 71 fiscalizaciones, 18 de las cuales están todavía en proceso de revisión.

Se constataron que algunos lugares como supermercados contaban con sistemas autónomos de agua potable, lo que permitía su funcionamiento según la normativa vigente.