31/03/2016
En Valparaíso e Iquique se dieron nuevos pasos en el trabajo conjunto de ambas instituciones para velar por el respeto de los derechos laborales de los tripulantes mercantes, trabajadores portuarios y pescadores artesanales.
Desde noviembre de 2015 una nueva forma de abordar la fiscalización en puertos y muelles de todo el país comenzó a aplicarse en virtud del acuerdo coordinador y colaborativo firmado por la Dirección del Trabajo (DT) y la Dirección General de Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar).
El convenio fue suscrito por las autoridades de ambas instituciones, actualizando un acuerdo de tareas conjuntas que estaba vigente desde 2007, dado que es la Armada la que tiene legalmente la tuición sobre todo lo que ocurre dentro de los dos tipos de instalaciones costeras ya citadas.
Ambas instituciones coincidieron en su momento en la necesidad de modificar y perfeccionar el convenio, no solo por los casi ocho años transcurridos desde el comienzo de su aplicación, sino que también por el nuevo escenario que imponen la Ley Corta de Puertos y la ratificación por parte de Chile del Convenio Internacional sobre Trabajo Marítimo de la OIT.
Desde entonces la DT y la Directemar han realizado varias actividades conjuntas, las que han incluido fiscalizaciones.
Esta vez, en Valparaíso la Dirección Regional del Trabajo capacitó a oficiales navales en normas laborales y procedimientos de fiscalización en accidentes del trabajo. El encuentro, además, permitió establecer una mejor coordinación entre la Directemar y las inspecciones del trabajo de Valparaíso, San Antonio y Quintero.
Asimismo, en Iquique se realizó la reunión trimestral acordada en virtud del convenio vigente.
En la capital de la Región de Tarapacá el encuentro fue encabezado por el capitán de Puerto, Juan Gatica, y el director regional del Trabajo, Víctor Inostroza. El grupo realizó un diagnóstico sobre los principales conflictos del sector marítimo-portuario de la región y programaron las fiscalizaciones por realizar durante el año.
En este último aspecto, ambas instituciones acordaron realizar fiscalizaciones ordinarias mensuales a las empresas de muellaje y extraordinarias a las pesqueras que operan en alta mar y con remolcadores.