Noticias

En el sector de Chocalán, situado en las afueras de Melipilla, la Dirección del Trabajo efectuó una fiscalización de madrugada al transporte de temporeros, uno de los aspectos contemplados en el Programa de Fiscalización Agrícola de Temporada que se realiza cada año entre los meses de octubre y abril.

Aunque la reciente tragedia carretera de Angol -con nueve trabajadores fallecidos y una única sobreviviente- puso a este tema en el tapete, en los últimos años la Dirección del Trabajo ha ejercido una fiscalización constante de todos los ámbitos que rodean al trabajo agrícola de temporada, logrando progresivos mejores cumplimientos por parte de los empleadores.

Este año la fiscalización se haya en plena marcha debido a la época de cosecha, especialmente frutícola.

Por eso, ayudado por Carabineros, un amplio equipo fiscalizador de la Dirección Metropolitana Poniente se apostó en una carretera del sector de Chocalán y controló a 40 vehículos de todo tamaño que trasladaba a temporeros hacia fundos y predios cercanos.

El operativo fue dirigido por el director metropolitano poniente, Jorge Meléndez, acompañado por la seremi del Trabajo y Previsión Social, María Eugenia Puelma, y la gobernadora de Melipilla, Cristina Soto.

Al cabo de la fiscalización, Meléndez informó que 19 de los vehículos y sus conductores incumplían con normas que resguardan la seguridad de los temporeros.

Sin embargo, uno de los hechos más significativos del operativo fue la constatación de la amplia presencia de extranjeros enganchados para estas faenas, sin que se les respeten mínimos derechos laborales.

Principalmente eran bolivianos, peruanos y haitianos, con varios menores de edad entre ellos y otros que no pudieron acreditar de inmediato su situación legal. Todos, soportando duras condiciones de trabajo precario e informal. Seis de ellos fueron trasladados hasta la PDI para chequear su posible condición de ilegalidad en nuestro país.

Meléndez dijo que "es duro comprobar estas situaciones, pero nos queda la satisfacción de que con estos controles ayudamos a reducir esta realidad atentatoria contra la dignidad de las personas, en este caso campesinos pobres venidos de otros países y que se ven obligados a aceptar este trato en su afán de subsistencia", añadiendo que "seguiremos con estas fiscalizaciones, tal como las que se están realizando en el resto del país".

La autoridad metropolitana aludió así a la consolidación de este programa inspectivo a lo largo de los años.

Como prueba de ello, Meléndez recordó que se ha logrado aumentar progresivamente el número de fiscalizaciones. Así, entre el año 2014 y el año 2015 estos controles crecieron en el 20,7%, pasando de 4.017 a 4.849.

Junto con ello aumentó también el número de trabajadores favorecidos, siendo 95.622 en 2014 y 111.625 en 2015.

Coherente con todo aquello, el monto de las multas aplicadas subió entre ambos años en 303 millones de pesos. El año 2015 estas ascendieron a $1.817.187.323 debido a la aplicación de 1.854 sanciones.