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Un aumento de las malas prácticas en la industria del cine publicitario y comercial motivaron al sindicato del sector a pedir a la Dirección del Trabajo (DT) una fiscalización que ponga atajo a las crecientes irregularidades que se están ampliando a toda la industria audiovisual en un clima de "completa informalidad laboral".

El planteamiento fue hecho durante la reunión entre el director de la DT, Christian Melis, y parte de la directiva del Sindicato Nacional de Profesionales y Técnicos Cinematográficos de Chile (Sinteci), representada por su presidenta, Margarita Marchi, y su director Jorge Grillo.

En la cita ambos dirigentes expusieron que a 12 años de su promulgación, buena parte de la Ley 19.889 sobre la contratación de estos trabajadores "no ha logrado tener una aplicación práctica eficiente para los trabajadores profesionales y técnicos de cine y televisión".

Lo sustancial, explicaron, es el incumplimiento de las empresas productoras -unas 50 a nivel nacional- de normas laborales y previsionales básicas, entre ellas, la jornada de trabajo. En el sector predominan horarios que superan usualmente las 12 horas diarias y sin el pago de horas extra. Según el Sinteci, tampoco hay un cumplimiento adecuado de las condiciones de seguridad y salud pese a que se trata de una actividad expuesta a accidentes laborales por el manejo de equipos eléctricos complejos.

A todo ello, denuncian, se suma el hostigamiento contra la sindicalización, lo que ha derivado en una inhibición para hacer denuncias ante la DT.

Los dirigentes reconocieron que un factor que conspira contra un adecuado control tiene que ver "con la forma como se organiza el trabajo en el sector de la industria del cine publicitario, en la que, a diferencia del cine comercial, los proyectos que desarrolla son de carácter emergente y de corta duración, por lo que son de difícil o improbable fiscalización".

Pese a ello, el director del Trabajo comprometió la próxima realización de un programa nacional de fiscalización que ponga coto a esta realidad y cree conciencia entre los propietarios de las productoras sobre su deber de cumplir con la legislación laboral, previsional y de seguridad y salud en el trabajo.