Noticias

Fotos: AgenciaUNO

Con la salida cerca de la medianoche de ayer de 69 mineros del carbón que durante 14 días mantuvieron una protesta al fondo de un socavón, terminó felizmente uno de los conflictos laborales más sensibles de los últimos años.

La denuncia a casi 700 metros de profundidad representaba en total a un grupo de 200 trabajadores de la empresa SW Curanilahue que de la noche a la mañana cerró la mina Santa Ana y los dejó en la calle, con sueldos y cotizaciones previsionales impagas desde julio.

La dramática situación mantuvo la atención pública durante las dos semanas que debieron pasar para llegar a una solución que provino del Gobierno ante la nula reacción de los propietarios o representantes legales de la minera para responder a sus obligaciones contractuales.

Los 69 mineros salieron del pique a las 23:35 luego de que aceptaran la propuesta gubernamental. Una de las autoridades que negoció hasta el final y que estaba al interior de la mina fue el director del Trabajo del Biobío, Paulo Otárola.

La autoridad laboral explicó que la oferta aceptada por los mineros fue el pago inmediato del sueldo de julio y una canasta familiar por un valor de 80 mil pesos. Añadió que también recibirán capacitación durante un año en la Universidad del Biobío, un bono mensual de 400 mil pesos y asesoría legal.

Otárola se mostró feliz por el buen término de una protesta en que estuvo en juego la seguridad de los mineros.

Dijo también estar satisfecho por el rol jugado por la Dirección del Trabajo a través de funcionarios especializados del Biobío, que actuó diariamente en conjunto con otras autoridades del gobierno regional para encontrar una solución al reclamo minero y lograr, en lo posible, darle continuidad a las faenas extractivas.

Entre otras tareas, se elaboró un informe a solicitud de los tribunales que acogieron una demanda de los trabajadores en contra de la empresa por uso del Multirut.

Asimismo, el jueves 20 de agosto se inició una investigación por vulneración de derechos fundamentales.

Finalmente, Otárola explicó que la empresa mantenía un historial de incumplimientos que significaron 67 fiscalizaciones en los últimos 18 meses, 20 de las cuales culminaron con multas por 40 millones de pesos.

Las infracciones detectadas abarcaban un amplio espectro: higiene y seguridad, omisión de exámenes radiográficos, prácticas antisindicales, deducciones no autorizadas de remuneraciones, imposiciones impagas e incumplimientos de jornadas, feriados y descansos.