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Un pronunciamiento jurídico que defina certeramente la aplicación de la Ley N°20.804 sobre titularidad docente pidió el Colegio de Profesores a la Dirección del Trabajo (DT).

El cuerpo legal fue publicado en el Diario Oficial el 31 de enero último y su objetivo central es darle la titularidad a los docentes de los colegios subvencionados dependientes de corporaciones municipales. La ley incluye a todos los maestros a contrata que al 31 de julio de 2014 tuviesen una antigüedad de tres años continuos o cuatro discontinuos y con una jornada semanal de 20 horas programáticas.

Sin embargo, a dos meses de su vigencia han surgido múltiples reclamos de grupos docentes debido a una aplicación restringida de la norma que están haciendo dichas corporaciones en numerosas comunas del país.

La situación ha sido abordada a nivel nacional por el Colegio de Profesores y la Asociación Chilena de Municipalidades. El primero ha denunciado incluso que en algunos municipios se está obligado a profesores a contrata a suscribir contratos a plazo fijo. La segunda ha explicado que muchas de las municipalidades que están incumpliendo lo hacen porque carecen del financiamiento necesario.

La solicitud del dictamen a la DT fue hecha en una reunión encabezada por su director, Christian Melis, quien recibió en audiencia al primer vicepresidente nacional de la orden gremial, Guido Riquelme, y a los diputados Cristina Girardi y Rodrigo González. Ambos parlamentarios son firmantes de la petición junto a su colega Francisco Chahuán.

En el requerimiento denuncian que "la interpretación discrecional por parte de numerosos municipios y corporaciones de lo que norma esta ley, está generando errores, arbitrariedades y perjuicios al excluir del derecho y beneficio legal a docentes a contrata".

Enseguida citan en esta situación a los profesores de educación diferencial y a aquellos que guían pequeños grupos de alumnos en centros audiovisuales, bibliotecas, centros de reforzamiento y enlaces.

Igualmente perjudicados están los educadores que trabajan en horarios financiados por la Subvención Especial Preferencial y los Proyectos de Integración Educacional.

Además, sostienen los denunciantes, se están desconociendo las horas no lectivas y los reemplazos hechos para un mismo empleador con el fin de no contabilizar los años discontinuos de servicio.

Como respaldo a su postura, los firmantes recuerdan una intervención del ministro de Educación en la Cámara de Diputados, aseverando que "cuando en el proyecto de ley se refiere a los docentes de aula se está incluyendo a quienes se desempeñan en las aulas de recursos y a las profesoras y profesores que atienden a niños con necesidades educativas especiales". Esa vez Nicolás Eyzaguirre dijo que la necesidad perentoria de contar con esta ley impidió introducir una clarificación, por lo que planteó que con su intervención "lo dejamos consignado en la historia fidedigna del establecimiento de la ley, para que no haya ambigüedad de ninguna especie".

El Director del Trabajo acogió la solicitud y ordenó una fiscalización para recoger los antecedentes que sirvan a la redacción del dictamen que zanje la ambigua interpretación que está perjudicando a numerosos profesores.