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El traspaso a la Dirección del Trabajo (DT) de las actuales facultades fiscalizadoras del Ministerio de Salud en materia seguridad laboral, es la principal repercusión para nuestro servicio del proyecto de ley firmado este jueves 9 de mayo por el Presidente de la República, Sebastián Piñera.

La iniciativa legal despachada al Poder Legislativo culmina un largo camino de análisis participativo con organizaciones sindicales, empresariales, sociales y académicas de todo el país iniciado después del accidente de la mina San José, a mitad del año 2010.

Gracias al intenso trabajo preventivo y fiscalizador, el país ha logrado alcanzar los mejores índices históricos de accidentabilidad (4,9%) y fatalidad (4,9 por 100.000 trabajadores).

Para la Directora del Trabajo, María Cecilia Sánchez, las nuevas responsabilidades propuestas por el Ejecutivo son "un desafío histórico para nuestra institución, pero a la vez un reconocimiento a la eficiencia de nuestra actuación fiscalizadora y preventiva en seguridad y salud del trabajo".

En efecto, entre otros aspectos, el proyecto propone un nuevo modelo de fiscalización de las normas de seguridad laboral, introduciendo cambios a la Ley Nº 16.744, al Código del Trabajo y al Código Sanitario.

María Cecilia Sánchez explicó que, "de convertirse en ley, este cambio sustancial de nuestras facultades implicará la creación de un departamento de seguridad y salud laboral para cumplir la delicada misión que se nos encomienda".

A la nueva instancia fiscalizadora serán incorporados 120 nuevos fiscalizadores, todos expertos en seguridad y salud en el trabajo y distintos de los 521 de la actual dotación. Ellos serán contratados en una transición a razón de 40 fiscalizadores por año, advirtió la máxima autoridad.

INCENTIVOS ECONÓMICOS
La Directora del Trabajo destacó que el proyecto de ley contempla estímulos económicos para aquellos fiscalizadores de planta o a contrata que deban acudir fuera de su jornada laboral a terreno para fiscalizar accidentes graves o fatales.
Para ello la iniciativa legal propone una "bonificación de disponibilidad" que será cancelada trimestralmente (marzo, junio, septiembre y diciembre) a una dotación de hasta 200 fiscalizadores que serán incluidos en nóminas elaboradas en cada periodo mediante resolución de la máxima autoridad del Servicio, considerando la realidad regional en materia de accidentabilidad.
El personal que deje de prestar dichas funciones antes de completarse el trimestre respectivo recibirá el pago en proporción a los meses completos efectivamente trabajados.
Esta "bonificación de disponibilidad" se reajustará en los mismos porcentajes y oportunidades en que lo hagan las remuneraciones de los funcionarios del sector público.

MEJOR Y MÁS PREVENCIÓN DE RIESGOS

Un aspecto crucial que deberá fiscalizar la DT son los nuevos instrumentos de prevención que se establecen en la modificación de la Ley Nº 16.744

Así, explicó María Cecilia Sánchez, el proyecto de ley exige:

a) Una autoevaluación del cumplimiento de las normas y las condiciones de seguridad y salud y el establecimiento de mapas de riesgo en a las empresas que trabajen habitualmente 10 o más trabajadores.
b) contar con un especialista (externo) en seguridad y salud del trabajo en las empresas que tienen un número de trabajadores entre 10 y 25, cuando el empleador no cuente con los conocimientos necesarios en la materia.
c) Un comité paritario de higiene y seguridad en empresas portuarias con más de 25 trabajadores.
d) Un sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo en todas las empresas con más de 50 trabajadores.
e) Un Departamento de Prevención de Riesgos en todas las empresas con más de 100 trabajadores.